Reactiva Congreso de Nuevo León análisis de reforma al Poder Judicial

MONTERREY, NL., 18 de agosto de 2026.- El Congreso de Nuevo León retomó el análisis de la reforma al Poder Judicial local, con el objetivo de fortalecer los filtros para la selección de jueces y magistrados y definir el margen que tiene el Estado para legislar después de los cambios aprobados a nivel federal.

La Comisión de Puntos Constitucionales realizó una Mesa de Trabajo para el Análisis de Expedientes en materia de Reforma al Poder Judicial, encabezada por su presidente, el diputado de Morena Tomás Montoya Díaz, con la participación de organismos empresariales y representantes de la sociedad civil.

Montoya Díaz explicó que se trata de la segunda mesa de trabajo pendiente y adelantó que ahora deberán establecer un calendario para avanzar hacia la elaboración del dictamen.

“Una vez agotada esta segunda mesa tenemos que trabajar en el calendario, ahora sí, hacia la dictaminación, no será la única mesa de trabajo, hacemos el compromiso de dar la mayor apertura posible”, señaló.

El legislador indicó que uno de los primeros pasos será determinar qué aspectos de la reforma federal del 2 de junio pueden ser desarrollados o modificados por Nuevo León, para posteriormente definir cuáles de las propuestas recibidas son jurídicamente viables.

Las iniciativas serán clasificadas de acuerdo con su materia: las reformas constitucionales corresponderán a la Comisión de Puntos Constitucionales; las leyes reglamentarias y secundarias serán canalizadas a las comisiones de Legislación y Justicia, mientras que los temas relacionados con listas de candidatos, paridad y reglas de elección corresponderán al ámbito electoral.

Montoya Díaz señaló que la Constitución federal ya establece bases que Nuevo León debe respetar, por lo que el reto será construir una reforma local que mejore el funcionamiento del sistema de justicia.

“Una reforma judicial no debe evaluarse solamente por la forma en la que elegimos a quienes imparten justicia, sino por la calidad de la justicia que reciben las personas”, afirmó.

Uno de los puntos que generó coincidencias durante la mesa fue la necesidad de establecer filtros previos para quienes busquen competir por un cargo judicial. La diputada del PRI y vocal de la Comisión, Armida Serrato Flores, propuso impulsar una escuela de formación judicial que evalúe las capacidades de los aspirantes antes de que puedan registrarse.

“Si tú no tienes un dictamen como candidato, o mejor dicho como precandidato, ni siquiera te vas a poder registrar a una elección judicial”, explicó.

Serrato Flores consideró que este mecanismo permitiría evitar que personas sin la preparación necesaria lleguen a las boletas y ayudaría a prevenir situaciones como las que, a su consideración, se presentaron en la elección judicial federal.

La legisladora también planteó que el uso de los llamados “acordeones” durante una elección judicial sea considerado un delito electoral y respaldó la aplicación de evaluaciones periódicas a jueces y magistrados una vez que ocupen sus cargos.

En cuanto a los tiempos, Montoya Díaz recordó que a más tardar el 30 de abril de 2027 deberá emitirse la convocatoria para la elección judicial de 2028, por lo que consideró necesario avanzar con la reforma con suficiente anticipación.

Serrato Flores, por su parte, pidió no esperar hasta el límite establecido y planteó que antes del 20 de diciembre de este año pueda estar aprobada al menos la reforma constitucional, para posteriormente trabajar en las modificaciones a las leyes secundarias.

La Comisión propuso realizar una nueva mesa de trabajo el próximo 27 de agosto y presentar un calendario formal para las siguientes reuniones, con la intención de alcanzar acuerdos que permitan llevar la reforma a discusión durante el próximo periodo ordinario.

Los legisladores coincidieron en que la reforma debe construirse con participación de las distintas fuerzas políticas, organismos empresariales y sociedad civil, a fin de establecer un nuevo modelo judicial con mayores filtros para los aspirantes y mejores condiciones para garantizar una justicia de calidad.