Empresarios del eje Nuevo León-Jalisco conocen operaciones de la Aduana Colombia
MONTERREY, NL., 21 de enero de 2026.- Las reformas al Código Civil de Nuevo León que regulan las preventas inmobiliarias ya fueron publicadas en el Periódico Oficial del Estado (POE) y comenzarán a aplicarse a partir del 17 de marzo. La nueva normativa elimina la figura de la oferta de compra y establece que toda operación de venta de inmuebles no construidos deberá realizarse exclusivamente bajo el esquema de preventa.
Con estos cambios, los desarrolladores inmobiliarios estarán obligados a contar con permisos municipales vigentes, fianzas y contratos formales para poder comercializar proyectos en preventa, con el propósito de evitar fraudes y vacíos legales.
Carlos de la Fuente, coordinador de la bancada del PAN y promovente de la legislación adelantó que esta reforma no será la última, ya que se analizan sanciones adicionales para quienes incumplan con los plazos de entrega.
“Hoy damos un gran avance en el código civil para regular las ofertas de compra, para que todo se mantenga como una preventa y que todo tenga que tener un permiso municipal, que haya perdido una tierra de por medio, que haya perdido una fianza para que el desarrollador pueda respaldar todos sus gastos, y creo que aquí lo más importante es que ya no nos van a vender aire, ya no nos van a vender ideas, ya no nos van a vender proyectos en render, y creo que con eso nos vamos a ver favorecidos quienes, pues, nos gusta andar buscando cómo poder tener algún tipo de ganancia a través de las preventas".
El diputado panista señaló que uno de los principales problemas era que los desarrolladores utilizaban la figura de la oferta de compra para evadir responsabilidades legales, lo que dejaba en estado de indefensión a los compradores.
“Como lo he venido manifestando, mi esposa y yo desgraciadamente tenemos la desgracia de tener tres departamentos en esa situación en donde no nos han entregado en los tiempos establecidos en el contrato, pero al final, pues, es difícil de litigar porque no se hace a través de una venta o una preventa, se hace a través de una oferta de compra de contrato y eso estaba fuera de la ley”, dijo.
La nueva ley también prohíbe la participación de intermediarios en la venta de inmuebles, al establecer que únicamente el desarrollador del proyecto podrá realizar la operación de compraventa, además de imponer requisitos obligatorios en los contratos de preventa.
“El problema es que ellos le daban la vuelta a la ley a través de la oferta de compra y ahí es donde ellos se hacían omisos de las responsabilidades legales. Un tema más en el que vamos a tener ventaja es que ya no podrá haber un intermediario y un desarrollador".
“Porque pasaba que te vendía un empleado o uno de los socios; normalmente no era ni siquiera de los socios, uno de los empleados o una agencia de ventas de inmuebles, y el desarrollador era otro completamente diferente. Ahora, quien te puede vender es quien esté desarrollando el proyecto”, agregó.
Entre las obligaciones adicionales, el desarrollador deberá informar si la licencia de construcción vence o si la autorización del proyecto de ventas es negada. En dichos casos, el comprador podrá revocar la operación y deberá recibir la devolución íntegra de su dinero, más un interés anual del 9 por ciento, en un plazo máximo de 60 días naturales.
En caso de que la inmobiliaria concluya la construcción pero no entregue el inmueble por causas imputables, también deberá cumplir con la devolución e intereses, además de enfrentar sanciones por incumplimiento contractual.
El decreto precisa que la ley no tendrá efectos retroactivos y entrará en vigor 60 días naturales después de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
Paralelamente, se analiza impulsar nuevas modificaciones para castigar a los desarrolladores que no cumplan con los tiempos de entrega.
“Estamos trabajando principalmente; recordaremos un tema que habíamos incluido en una reserva para poder avanzar en ese tema, que hay que sancionar a los empresarios que no entreguen en tiempo y forma”, añadió de la Fuente.
Asimismo, se plantea reformar la legislación en materia de desarrollo urbano para establecer la afirmativa ficta en la entrega de regímenes de condominio cuando los municipios no cumplan con los plazos legales.
“Hay que hacer una reforma a la ley de este desarrollo urbano para que tengamos una afirmativa ficta en el tema de los regímenes de condominio".
“Porque la administración de Monterrey de Movimiento Ciudadano se llegó a tardar de 24 a 36 meses en darles ese requisito y por eso quebraron muchas de las empresas de edificios que no le entregaron los departamentos en tiempo y forma a sus precompradores; no fue necesariamente por un error del desarrollador, fue por un error claro y contundente de la Secretaría de Desarrollo Urbano que estaba en el inicio de la administración”, declaró en entrevista.




