Señalan presunta demolición ilegal de inmueble histórico en Pesquería

MONTERREY, NL., 30 de marzo de 2026.- La presunta demolición de una casona catalogada como patrimonio histórico en el municipio de Pesquería ha generado controversia, luego de que especialistas y autoridades en materia cultural calificaran el hecho como una posible violación a la legislación vigente.

De acuerdo con información difundida, la demolición del inmueble habría sido ordenada bajo el argumento de modernización urbana; sin embargo, el caso ha sido cuestionado debido al valor histórico de la propiedad, considerada parte del patrimonio cultural de la región.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), a través de su representación en Nuevo León, manifestó una postura firme al señalar que la intervención en este tipo de inmuebles requiere autorización previa, además de apegarse a lineamientos estrictos de conservación.

Especialistas en patrimonio han advertido que la destrucción de edificaciones con valor histórico no solo implica la pérdida de un inmueble, sino también de una parte significativa de la memoria colectiva y la identidad cultural de la comunidad.

Asimismo, se ha señalado que la ley establece claramente la responsabilidad compartida entre autoridades y ciudadanos para la protección del patrimonio histórico, por lo que cualquier acción unilateral podría derivar en responsabilidades administrativas e incluso legales.

En este contexto, la postura del INAH ha sido contundente al considerar que lo ocurrido podría constituir un ilícito, por lo que se espera que se determinen las acciones legales correspondientes y, en su caso, las sanciones aplicables.

Diversas voces han coincidido en que el progreso no debe estar reñido con la conservación de la historia, sino que ambas dimensiones deben coexistir para garantizar un desarrollo sostenible y respetuoso de la identidad cultural.

Hasta el momento, no se ha informado de manera oficial si se iniciaron procedimientos legales en contra de los responsables, sin embargo, el caso continúa generando reacciones y podría sentar un precedente en materia de protección del patrimonio en Nuevo León.