Trabajo infantil persiste en México y evidencia retos para garantizar la niñez plena

MONTERREY, NL., 29 de abril de 2026.- En el marco del Día del Niño, la realidad de millones de menores en México refleja que la infancia no siempre está ligada al juego, sino también al trabajo, una condición que impacta su desarrollo y oportunidades.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil 2022, en el país hay 28.4 millones de niñas, niños y adolescentes de entre 5 y 17 años, de los cuales 3.7 millones —equivalente al 13.1 por ciento— se encuentran en situación de trabajo infantil.

Esta problemática afecta principalmente a adolescentes de 15 a 17 años, aunque también involucra a menores de menor edad. Más de la mitad de quienes trabajan lo hacen en condiciones no permitidas o peligrosas, lo que compromete su desarrollo físico, mental y social.

En términos generales, el trabajo infantil se define como la participación de menores de 15 años en actividades que afectan su desarrollo integral o interfieren con su educación.

El fenómeno también está vinculado al entorno familiar: en 3.1 millones de hogares mexicanos hay al menos un menor en esta condición. Por sectores, el 33 por ciento de los menores trabaja en actividades agropecuarias, seguido de servicios (23.2 por ciento) y comercio (21.5 por ciento), con diferencias marcadas entre niños y niñas.

En Nuevo León, la problemática también muestra cifras relevantes. Según datos del INEGI, el 8.7 por ciento de los menores realiza trabajo infantil, lo que representa alrededor de 105 mil 285 niñas, niños y adolescentes, un incremento respecto al 6.3 por ciento reportado en 2019.

De este universo, el 38.7 por ciento no cumple con la edad mínima para laborar, mientras que el 61.3 por ciento realiza actividades consideradas peligrosas.

A nivel internacional, la Organización de las Naciones Unidas establece en la Convención sobre los Derechos del Niño que los menores deben estar protegidos contra la explotación económica y cualquier trabajo que afecte su educación o salud. En el ámbito local, la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Nuevo León reconoce su vulnerabilidad y el derecho a vivir libres de violencia y riesgos.

Especialistas advierten que el trabajo infantil está relacionado con otros factores como la deserción escolar, la falta de oportunidades económicas y la desigualdad social. Datos recientes también apuntan a un incremento en esta problemática, con estimaciones de organismos como UNICEF que señalan un aumento en la participación laboral de menores en los últimos años.

Frente a este panorama, autoridades estatales han impulsado acciones para erradicar la explotación infantil. En 2025, Mariana Rodríguez Cantú, junto con el secretario del Trabajo, Federico Rojas, y legisladores, presentó iniciativas para tipificar como delito la explotación laboral infantil y prohibir el empleo de menores en espacios que afecten su desarrollo.

Estas reformas plantean sanciones de hasta 10 años de prisión, multas económicas y agravantes cuando los responsables sean padres o tutores, además de obligar al Ministerio Público a dar aviso al DIF para activar medidas de protección.

El diputado José Luis Garza destacó que estas acciones buscan garantizar que la infancia esté enfocada en el aprendizaje, el juego y el desarrollo integral, no en el trabajo.

Además, programas como el PAPTI del DIF Nuevo León buscan prevenir la presencia de menores en actividades laborales en calles y cruceros, mientras que especialistas coinciden en que la educación es uno de los principales factores para reducir esta problemática.

La legislación también establece que adolescentes de 15 a 17 años pueden trabajar únicamente en condiciones reguladas, sin afectar su educación ni su salud, con autorización y supervisión correspondiente.

Las autoridades reiteraron que la ciudadanía puede denunciar de manera anónima casos de trabajo infantil a través de líneas telefónicas y dependencias estatales, con el fin de activar mecanismos de protección.

En una fecha que celebra a la niñez, las cifras reflejan un desafío urgente: garantizar que todos los menores puedan crecer en entornos seguros, con acceso a educación y libres de explotación.