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MONTERREY, NL., 23 de octubre de 2026.- Organizaciones del sector transportista de Nuevo León anunciaron su respaldo al paro nacional previsto para el próximo lunes, en protesta por los problemas de inseguridad, los cobros excesivos de grúas y corralones, así como las deficiencias en infraestructura carretera y movilidad.
Representantes de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), la Federación Mexicana de Transportistas (Fematrac) y la Organización Integradora de Derechos Convencionales (Indeco) señalaron que las problemáticas afectan a miles de operadores y empresas del ramo, por lo que exigieron respuestas de las autoridades federales, estatales y municipales.
Melissa Tamez, delegada de Canacar en Nuevo León, indicó que las organizaciones esperan definir las acciones concretas de la movilización, luego de que a nivel nacional se adelantara la realización del paro sin bloqueos carreteros.
La representante empresarial destacó la importancia del autotransporte para la economía, al señalar que moviliza alrededor del 80 por ciento de la carga en México, por lo que las dificultades que enfrenta el sector repercuten en las cadenas de suministro y en el traslado de productos esenciales.
De acuerdo con Tamez, las dos delegaciones de Canacar en la entidad concentran más de 18 mil camiones, mientras que, al sumar a Fematrac e Indeco, la representación supera las 20 mil unidades. Además, otros transportistas que no pertenecen a estas organizaciones también enfrentan las mismas condiciones.

Entre las principales demandas se encuentra atender la inseguridad en las carreteras, regular los cobros por servicios de grúas y corralones, revisar el impacto de la reducción de la jornada laboral y mejorar las condiciones de movilidad y regulación del sector.
Los representantes también solicitaron revisar los estímulos fiscales por el uso de autopistas de cuota y aumentar la inversión en infraestructura carretera, al advertir sobre el deterioro que enfrentan las unidades y las vías de comunicación.
Adrián Oliverio Villarreal expuso que los cobros excesivos por arrastre también se presentan en el ámbito local. Como ejemplo, mencionó un caso en el que se cobraron 25 mil pesos por trasladar una unidad apenas tres kilómetros dentro de un municipio de Nuevo León.
Por su parte, Tamez señaló que, en servicios de jurisdicción federal, los pagos por grúas y corralones pueden alcanzar hasta 600 mil pesos, por lo que consideró necesario establecer mayor transparencia y mecanismos de regulación.
Ante esta situación, los organismos plantearon impulsar cambios a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial para obligar a los estados y municipios a contar con reglamentos que regulen los servicios de grúas y corralones.
Las organizaciones señalaron que buscan que sus demandas sean atendidas por los distintos niveles de gobierno y que se establezcan soluciones a los problemas que afectan la operación del autotransporte de carga en el país.




