Legislan en Nuevo León preventas inmobiliarias para evitar fraudes

MONTERREY, NL., 16 de diciembre de 2025.- Con el objetivo de frenar abusos y fraudes en el sector de bienes raíces, la Comisión de Legislación del Congreso del Estado aprobó un dictamen que reforma el Código Civil de Nuevo León para establecer un marco jurídico específico que regule las preventas inmobiliarias.

La diputada Claudia Caballero Chávez, presidenta de la Comisión de Legislación, explicó que la iniciativa busca brindar mayor certeza y seguridad jurídica a la ciudadanía ante el crecimiento acelerado del mercado inmobiliario, impulsado en los últimos años por fenómenos como el nearshoring.

Durante la sesión, la legisladora señaló que la reforma surge como respuesta a las constantes quejas de personas afectadas por desarrolladores que comercializan proyectos sin contar con los permisos mínimos requeridos por la autoridad.

"Es un paso para darle certeza jurídica a esos ciudadanos que celebren este tipo de contratos con constructoras dentro de Nuevo León… ninguna preventa se puede realizar sin el visto bueno ni los permisos que les da el municipio", enfatizó Caballero Chávez.

El dictamen contempla la adición de los artículos 1720 Bis al 1720 Bis 6 del Código Civil del estado, mediante los cuales se establecen lineamientos más estrictos para los contratos de preventa inmobiliaria.

La reforma define la preventa como el ofrecimiento de un bien inmueble que aún no puede transmitirse jurídicamente, debido a que se encuentra en proceso de construcción o urbanización.

Asimismo, se establece que el desarrollador deberá ser titular de una licencia de construcción vigente o contar con la facultad notarial correspondiente.

Entre los requisitos obligatorios del documento se incluyen los nombres y domicilios de las partes, datos bancarios y la identificación precisa del inmueble. En caso de que se entregue un depósito o garantía, la oferta se considerará aceptada.

El dictamen también prevé que, si los permisos de venta son negados o vence la licencia de construcción, el comprador podrá revocar la oferta y el desarrollador estará obligado a devolver los recursos entregados, con intereses, en un plazo máximo de 60 días.

Pese a que las bancadas de Morena y Movimiento Ciudadano votaron en contra al considerar que el proceso fue apresurado, la diputada informó que el dictamen podría ser turnado al Pleno este miércoles 17 para su discusión.

Finalmente, adelantó que a mediados de enero o febrero de 2026 se convocarán mesas de trabajo con cámaras de la construcción y especialistas en la materia para seguir perfeccionando la normativa. De ser aprobada, la reforma entrará en vigor 60 días después de su publicación y no tendrá efectos retroactivos, por lo que no aplicará a preventas realizadas con anterioridad.