Aclara FGJNL que no existe acuerdo para liberar a imputado ligado a La Tía Paty

MONTERREY, NL., 29 de julio de 2026.- El Fiscal General de Justicia de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, acompañado de los vicefiscales Alejandro Carlín y Luis Enrique Orozco, aclaró este miércoles que no existe ninguna negociación política ni acuerdo para liberar automáticamente a uno de los imputados relacionados con la red delictiva conocida públicamente como La Tía Paty.

Durante una conferencia de prensa, las autoridades respondieron a cuestionamientos surgidos a raíz de versiones difundidas en redes sociales sobre la supuesta inminente liberación de César Mario, uno de los involucrados en el caso.

El vicefiscal Luis Enrique Orozco explicó que semanas atrás la defensa del imputado manifestó su intención de que su representado colaborara con la Fiscalía aportando información eficaz para esclarecer hechos de mayor gravedad vinculados a la investigación de la red La Tía Paty.

De acuerdo con el funcionario, como resultado de ese acercamiento César Mario rindió una entrevista ante el Ministerio Público, en la que proporcionó información relacionada con la investigación.

“Esto provocó que esta persona rindiera una entrevista ante el Ministerio Público y esa información es la que sustenta la solicitud de criterio de oportunidad”, explicó Orozco.

Sin embargo, precisó que el contenido de dicha información no puede hacerse público, debido a que forma parte de una investigación en curso

La Fiscalía subrayó que la solicitud no significa que el imputado ya tenga un beneficio concedido ni que vaya a abandonar la cárcel próximamente.

Actualmente, el Ministerio Público solicitó al juez de control la suspensión del proceso y de sus efectos procesales, lo que implicaría la suspensión de los plazos de investigación y de las medidas cautelares mientras se resuelve la petición.

“Estamos en espera de la respuesta del juez de control”, reiteró el vicefiscal.

Hasta el momento, el juez no ha emitido una resolución, por lo que el proceso continúa abierto.

Orozco explicó que la legislación establece condiciones estrictas para la concesión de un criterio de oportunidad:

• Aportar información eficaz que permita esclarecer o sancionar un hecho de mayor gravedad.
• Ratificar esa información en juicio, es decir, declarar formalmente durante el proceso judicial correspondiente.
• Garantizar la reparación del daño a las víctimas, ya sea mediante pago o mecanismos de compensación.

Además, señaló que las víctimas tienen derecho a impugnar la concesión del beneficio ante el juez de control si consideran que afecta sus derechos.

En relación con las personas afectadas por este caso, la Fiscalía informó que existen 11 denuncias presentadas y dos carpetas ya judicializadas.

Según las autoridades, las víctimas han colaborado activamente con la investigación y han sido informadas de manera oficial sobre los alcances de la solicitud presentada por la defensa.

No obstante, hasta este momento ninguna víctima ha presentado una impugnación formal, aunque conservan plenamente ese derecho.

“Esto no significa que las víctimas no tengan el derecho de impugnar o incluso de manifestar su acuerdo con el criterio de oportunidad”, puntualizó Orozco.

Ante preguntas sobre posibles presiones de autoridades estatales para favorecer al imputado, el fiscal Javier Flores Saldívar rechazó categóricamente esa versión.

“Los lineamientos son transparentes. La legislación establece claramente los supuestos en los que procede un criterio de oportunidad y están sujetos a la autorización del juez de control”, afirmó.

El fiscal insistió en que la decisión final dependerá exclusivamente de la valoración judicial y no de factores externos.

Las autoridades detallaron que, en las causas penales en las que actualmente se encuentra vinculado a proceso, a César Mario se le atribuye la recepción de dinero obtenido a partir de dos hechos en los que se imputó principalmente el delito de extorsión.

Sin embargo, la Fiscalía sostiene que la investigación sobre la red La Tía Paty incluye otros hechos considerados de mayor gravedad, los cuales son precisamente los que busca esclarecer mediante la posible colaboración del imputado.

“Se estima que existen hechos de mayor gravedad que forman parte de la investigación de esta red y que forman parte de la pretensión de la Fiscalía de investigar y sancionar”, explicó el vicefiscal.

Respecto al monto de las extorsiones investigadas, las autoridades evitaron proporcionar una cifra pública para no afectar las indagatorias.

La Fiscalía concluyó que el escenario actual contempla dos posibilidades:

• que el juez autorice la suspensión del proceso y permita avanzar con el criterio de oportunidad, o
• que niegue la solicitud y el procedimiento penal continúe de manera ordinaria.

Por ahora, el caso permanece bajo análisis judicial, mientras la Fiscalía mantiene abiertas las investigaciones relacionadas con la estructura delictiva conocida como La Tía Paty, una de las indagatorias que ha generado mayor atención pública en Nuevo León debido al número de denuncias y a la posible existencia de delitos de mayor impacto asociados a dicha red.