Concede juez federal suspensión y frena multas de Transparencia contra Juárez

JUÁREZ, NL., 6 de marzo de 2026.- Un juez federal otorgó una suspensión provisional dentro del juicio de amparo promovido por el Municipio de Juárez, con lo que ordenó al Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Nuevo León abstenerse de ejecutar multas económicas mientras se resuelve el fondo del proceso.

De acuerdo con el expediente judicial, la medida cautelar impide que se materialice la resolución mediante la cual se pretendía aplicar una sanción económica al municipio, hasta que el Poder Judicial determine la legalidad del caso dentro del juicio de amparo.

El presidente municipal de Juárez, Félix Arratia Cruz, señaló que la resolución confirma que la vía jurídica emprendida por la administración municipal busca brindar certeza institucional ante los cambios en el sistema de transparencia del país.

“Esta suspensión provisional confirma que nuestra defensa jurídica tiene fundamento. Lo que estamos planteando es que, conforme a la nueva normativa federal, los institutos estatales de transparencia deben desaparecer, por lo que es necesario revisar la legalidad de las sanciones que se siguen imponiendo bajo un esquema que está en proceso de transformación”, expresó el alcalde.

Arratia Cruz aseguró que la intención del municipio no es evadir las obligaciones en materia de transparencia, sino garantizar que las instituciones públicas actúen conforme al nuevo marco constitucional.

“En Juárez creemos en la transparencia, pero también en el respeto al Estado de Derecho. Por eso acudimos a los tribunales: para que sea el Poder Judicial quien defina con claridad cómo debe aplicarse la reforma y qué instituciones deben continuar o transformarse”, agregó.

El edil recordó que en días recientes el Gobierno municipal promovió el juicio de amparo al considerar que diversas actuaciones del Instituto Estatal de Transparencia se sustentan en un modelo institucional que, a su juicio, debe revisarse a la luz de la reforma constitucional federal.

Dicha reforma plantea la desaparición de los organismos garantes locales de transparencia y la reorganización del sistema nacional en esta materia, lo que, según el municipio, obliga a revisar la legalidad de las sanciones que actualmente continúan emitiéndose.