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MONTERREY, NL., 24 de octubre de 2025.- El incumplimiento de obligaciones alimentarias se mantiene como uno de los delitos más denunciados en Nuevo León y en gran parte del país.
De acuerdo con información de la Fiscalía General de Justicia del Estado, en lo que va del año 2025 se han acumulado 604 denuncias por falta de pago de pensiones alimenticias, una cifra que refleja la persistencia de esta problemática en la entidad.
Aunque la información correspondiente al año 2024 aún no está disponible, las autoridades señalaron que los datos estadísticos completos y oficiales sobre este tipo de delitos se publican de forma periódica, una vez que se consolidan las carpetas de investigación. Esto dificulta, por ahora, establecer una comparación precisa con años previos.
Sin embargo, las cifras históricas permiten dimensionar la situación. Entre octubre de 2015 y marzo de 2021, en Nuevo León se interpusieron 2 mil 944 denuncias por incumplimiento de obligaciones alimentarias, de acuerdo con los registros oficiales de la misma Fiscalía.
El fenómeno no es exclusivo de Nuevo León. A nivel nacional, los datos más recientes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), correspondientes a noviembre de 2023, revelan que el delito de morosidad en el pago de pensiones alimentarias aumentó en 27 estados del país.
Este tipo de incumplimiento —considerado una forma de violencia económica y patrimonial— afecta principalmente a mujeres, niñas y niños, quienes dependen de estas aportaciones para cubrir necesidades básicas como alimentación, educación y salud.
La falta de cifras recientes para Nuevo León ha sido señalada por especialistas como un obstáculo para diseñar políticas públicas efectivas en materia de justicia familiar. Las autoridades estatales han señalado que los datos oficiales se actualizan periódicamente y se concentran en diversas plataformas gubernamentales.
Para acceder a información más detallada y actualizada sobre los años 2024 y 2025, se recomienda:
El incumplimiento de obligaciones alimentarias no solo representa un delito, sino también un reflejo de las desigualdades estructurales en materia familiar.
Expertos en derecho coinciden en la importancia de fortalecer los mecanismos de seguimiento judicial y sanción efectiva para los deudores alimentarios, así como de promover campañas de concientización social que refuercen la corresponsabilidad parental.




