Demandan a San Pedro Garza García por retiro de ciclovía

MONTERREY, NL., 19 de noviembre de 2025.- El retiro de la ciclovía de la avenida Alfonso Reyes por parte del municipio de San Pedro Garza García quedó bajo revisión judicial luego de que una jueza federal admitiera una demanda de amparo promovida por Pueblo Bicicletero Movilidad y Sostenibilidad, A.C. La autoridad ordenó medidas cautelares para garantizar la seguridad de las personas ciclistas mientras se resuelve el caso.

La organización señaló que la eliminación de la infraestructura ciclista se realizó sin sustento técnico y en contravención del derecho a la movilidad y del derecho a la ciudad. Ante estos señalamientos, la jueza otorgó una suspensión provisional que obliga al municipio a supervisar el corredor, realizar una inspección en la zona y aplicar acciones de seguridad para prevenir accidentes. También deberá explicar los motivos o estudios que justificaron el retiro de la ciclovía y detallar cómo se protegerá a las personas usuarias vulnerables.

La demanda sostiene que el municipio debe cumplir con la orden federal, ya que la eliminación de la ciclovía representa un riesgo inmediato y podría ser ilegal. El juicio avanza en el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa.

Pueblo Bicicletero también denunció que los estudios técnicos y planos del nuevo proyecto fueron clasificados como información reservada durante cinco años. Además, la Secretaría de Participación Ciudadana informó que no cuenta con registros de consultas o encuestas relacionadas con la intervención en la avenida.

La agrupación enfatizó que las políticas de movilidad deben basarse en evidencia y respetar el principio de no regresividad. Destacó que la intervención federal subraya la obligación de proteger a las personas ciclistas y cuestiona la falta de fundamentos del retiro de infraestructura. La asociación reiteró que la seguridad vial y el derecho a la movilidad deben ser prioridades en cualquier decisión pública, y que las autoridades no pueden disminuir condiciones de protección sin argumentos sólidos ni participación ciudadana.