Propone Montalvo reforma para garantizar acceso a la justicia a personas con discapacidad

MONTERREY, NL., 21 de octubre de 2025.- Para buscar la equidad legal, la diputada independiente Rocío Montalvo presentó una iniciativa para reformar la Ley de Defensoría Pública del estado, y así garantizar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad.

Ello al apuntar que actualmente enfrentan restricciones legales para obtener representación gratuita cuando son parte demandada en un proceso judicial.

La legisladora de la bancada Únete Pueblo, denunció que la normativa actual impide que el Instituto de Defensoría Pública represente a personas con discapacidad si ya asiste legalmente a la parte contraria, lo que, consideró, puede constituir una forma de discriminación institucional.

“En pleno 2025 las personas con discapacidad siguen enfrentando barreras legales para acceder a la justicia. Cuando acuden a la Defensoría Pública y descubren que no pueden ser representados por ser la contraparte, corren el riesgo de quedar completamente indefensos. Esto es discriminación institucionalizada y una violación a sus derechos humanos”, afirmó.

La iniciativa plantea reformar el Artículo 39 de la Ley de Defensoría Pública, para establecer una excepción que permita representar a ambas partes en un juicio, cuando una de ellas sea una persona con discapacidad, eliminando así la actual prohibición de doble representación.

Montalvo explicó que este cambio busca corregir una exclusión legal que afecta particularmente a un grupo que ya enfrenta múltiples obstáculos sociales y económicos.

“Las personas con discapacidad ganan en promedio 34 por ciento menos que el resto de la población y enfrentan gastos extraordinarios en terapias, medicamentos y dispositivos de asistencia. Para ellas, la Defensoría Pública no es una opción, es muchas veces la única vía para acceder a la justicia”, sostuvo.

También agregó que colectivos de personas con discapacidad en Nuevo León han denunciado cómo se les niega sistemáticamente la representación legal por este tecnicismo, situación que vulnera tratados internacionales firmados por México.

“Esta reforma busca corregir una injusticia histórica y alinear nuestra legislación con la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que México ratificó en 2007”, recordó.

Citando cifras oficiales, Montalvo señaló que el 33.8 por ciento de las personas con discapacidad han experimentado algún tipo de discriminación, en comparación con el 23.7 por ciento de la población general, lo que demuestra un entorno legal y social que aún margina a este sector.

“Las cifras demuestran que tenemos un sistema que excluye en lugar de incluir. Esta reforma no es un favor, es el cumplimiento de una obligación constitucional y convencional del Estado”, subrayó, a la vez que lanzó un llamado al resto de las bancadas para aprobar esta reforma con carácter urgente.

“La justicia no puede ser un lujo para quienes pueden pagarla. Exhorto a todos los grupos legislativos a aprobar esta iniciativa a la brevedad posible y en calidad de urgente, pues así respetaremos la dignidad y devolveremos el acceso a la justicia a miles de nuevoleoneses que hoy están en situación de vulnerabilidad. No podemos fallarles”.