Suma Monterrey a regidores a consejo de armonización contable
MONTERREY, NL., 17 de julio de 2025.- La crisis de desapariciones en Nuevo León tiene una dimensión particularmente alarmante para la comunidad LGBT; de acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda, desde el 2018 hasta la fecha han desaparecido al menos 148 personas trans en la entidad.
El mencionado panorama ha generado una fuerte movilización por parte de colectivos y activistas que exigen respuestas con perspectiva de género e interseccionalidad.
En lo que va de 2025, se han reportado tres nuevos casos de personas trans desaparecidas: una mujer trans y un hombre trans en el municipio de San Nicolás, y otro hombre trans en Monterrey.
La información la compartió Juan Carlos Lozada, representante del colectivo Contingentes contra las Desapariciones, quien insistió en que esta situación debe tratarse como una emergencia social que requiere atención inmediata por parte de las autoridades.
Ante esto, diversos colectivos LGBT acudieron al Congreso del Estado de Nuevo León este jueves, acompañados por la diputada Greta Barra Hernández, para entregar una solicitud formal que exige una transformación profunda en los procesos de búsqueda, atención a víctimas y procuración de justicia, incluyendo un enfoque interseccional y de diversidad sexual.
Los activistas demandaron que las instituciones responsables, como fiscalías, comisiones de búsqueda y servicios periciales, cuenten con personal capacitado de manera continua y especializada en temas de identidad y orientación sexual.

Al respecto, subrayaron, los registros oficiales de personas desaparecidas deben incluir variables como la orientación sexual, identidad de género y expresión de género, dado que esta información es clave tanto para visibilizar los casos como para facilitar su búsqueda efectiva.
Durante el encuentro, la diputada Barra enfatizó la importancia de que el estado reconozca el nombre y la identidad con la que las personas se autoperciben, pues en muchos casos quienes han desaparecido podrían intentar pedir ayuda bajo su nombre elegido, y si este no está registrado, podrían quedar fuera del radar de las autoridades.
Otra de las exigencias presentadas fue el reconocimiento de las familias sociales, es decir, las redes afectivas no tradicionales, como actores clave en los procesos de búsqueda, sobre todo cuando las familias biológicas no reconocen la identidad de la persona desaparecida. Esta inclusión, dijeron, debe ser sin discriminación y con pleno respeto a los derechos humanos.
Los colectivos también denunciaron que las personas desaparecidas de la comunidad LGBT siguen siendo blanco de estigmas institucionales que dificultan el acceso a la justicia y entorpecen los procesos de búsqueda. Por ello, solicitaron medidas de protección y acompañamiento para las personas buscadoras que, desde la disidencia sexual y el activismo comunitario, encabezan estas labores.
Los activistas recalcaron que no basta con cifras oficiales o discursos institucionales; urge transformar el enfoque con el que el estado enfrenta estas desapariciones, reconociendo las identidades diversas, escuchando los contextos particulares y actuando con empatía, inclusión y justicia.




