Vinculan a proceso a Karina N y a 2 implicados por extorsión y falsedad de declaraciones

MONTERREY, NL., 7 de marzo de 2026.- Un juez federal vinculó a proceso a Karina N, Gustavo N y Débora N por los delitos de extorsión y falsedad de declaraciones, al considerar que existen datos de prueba suficientes presentados por la Fiscalía que los relacionan con los hechos investigados.

La resolución fue emitida por el juez federal Julio Alberto Cruz Rodríguez, quien determinó que los tres imputados participaron en los hechos señalados por el Ministerio Público.

De acuerdo con la acusación, Karina N habría diseñado y financiado un plan con el objetivo de afectar la candidatura al Senado de Waldo Fernández durante el proceso electoral de 2024.

Según lo expuesto durante la audiencia, Débora N. habría faltado a la verdad al presentar una denuncia por una presunta violación, mientras que el objetivo del supuesto montaje era presionar al entonces candidato para que renunciara a la contienda.

La Fiscalía sostiene que se intentó exigir al senador cinco millones de pesos a cambio de frenar la acusación.

El juez también estableció que Gustavo García Rojo participó en el esquema mediante una llamada telefónica en la que presuntamente intimidó a Fernández con el fin de concretar la extorsión.

Durante la resolución, el juzgador explicó que el delito de extorsión se configura aun cuando el pago no se haya realizado, por lo que consideró acreditados los elementos suficientes para dictar el auto de vinculación a proceso.

Sin embargo, el juez desestimó el delito de pandilla al señalar que no se presentaron pruebas suficientes que permitieran clasificar el caso bajo esa figura.

Tras la resolución, los tres imputados permanecerán bajo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. En el caso de Gustavo N, continuará internado en el Centro de Reinserción Social de Apodaca, mientras que Karina N y Débora N permanecerán en el Centro de Reinserción Social Femenil de Escobedo.

El juez indicó que el proceso judicial deberá desarrollarse dentro del plazo establecido por la ley, el cual no deberá exceder los dos años.

Audiencia duró más de 7 horas y en el transcurso se decretó un receso por solicitud de la funcionaria de Monterrey para atender su salud.