Exigen víctimas de Proyectos 9 que José N permanezca en prisión durante proceso

MONTERREY, NL., 2 de junio de 2026.- Decenas de personas afectadas por el presunto fraude inmobiliario atribuido a la empresa Proyectos 9 se manifestaron este martes al exterior del Palacio de Justicia para exigir que José N, identificado como propietario de la desarrolladora, continúe en prisión preventiva mientras enfrenta el proceso penal en su contra.

La protesta se realizó previo a la audiencia de término constitucional programada para las 09:00 horas, en la que un Juez de Control deberá resolver si el empresario permanece privado de la libertad o si puede enfrentar el proceso judicial bajo una medida cautelar distinta.

Desde las 08:00 horas, los afectados se congregaron en el acceso de la antigua aduana del Palacio de Justicia portando mantas y pancartas para expresar su inconformidad ante una posible liberación del imputado.

Alrededor de las 08:15 horas arribó al recinto un camión de traslado de personas privadas de la libertad procedente de un centro penitenciario, momento en que los manifestantes intensificaron sus consignas para exigir que el proceso se lleve a cabo sin privilegios.

José N fue detenido el pasado 20 de mayo en cumplimiento de una orden de aprehensión por su presunta participación en el delito de fraude agravado. Posteriormente, el 28 de mayo fue vinculado a proceso dentro de una carpeta de investigación relacionada con la presunta venta irregular de departamentos del desarrollo inmobiliario Moca a dos adultos mayores.

Sin embargo, la defensa del empresario solicitó la duplicidad del término constitucional, plazo que concluye este martes y que obliga al juez a definir la medida cautelar que enfrentará durante el desarrollo del procedimiento judicial.

El fiscal general de Justicia de Nuevo León, Javier Flores, informó la semana pasada que la empresa Proyectos 9 acumula 266 denuncias por un monto superior a los 700 millones de pesos, derivadas de la comercialización de inmuebles que presuntamente no fueron entregados a los compradores.

Por su parte, algunos de los afectados señalaron que el daño económico ocasionado podría superar los 800 millones de pesos, considerando los casos que continúan integrándose a las investigaciones.

Los manifestantes exigieron a las autoridades garantizar la reparación del daño a las víctimas y mantener un proceso transparente que permita esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

La resolución sobre la situación jurídica de José N se espera una vez concluida la audiencia celebrada este martes en el Palacio de Justicia de Nuevo León.