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MONTERREY, NL., 4 de septiembre de 2025.- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en Nuevo León celebró este jueves una sesión ordinaria del Consejo Consultivo de Consumo Estatal, con la participación de representantes de cámaras empresariales, asociaciones civiles y defensores de los consumidores, con el objetivo de reforzar la vigilancia y mejorar las prácticas comerciales en la entidad.
Durante la reunión, Max Espinosa, titular de la Oficina de Defensa del Consumidor (ODECO) en la Zona Metropolitana de Monterrey, anunció que estas sesiones se realizarán cada cuatro meses como parte de una estrategia de retroalimentación constante entre autoridades, proveedores y consumidores.
“Este espacio busca que los sectores comercio y servicios mejoren sus prácticas en beneficio del consumidor. Vamos a trabajar de la mano con los gremios para garantizar el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas y la legislación aplicable”, afirmó Espinosa.
Uno de los momentos destacados de la jornada fue la toma de protesta de dos nuevos integrantes del Consejo: Raquel Maltos Cantú, presidenta de 10,000 Mujeres Unidas por México, y Jonathan Tijerina Sepúlveda, director de la Zona Norte de la CONDUSEF.
Entre los temas abordados, destacó la prevención de fraudes en viajes prepagados, la prohibición del cobro de comisiones por pagos con tarjeta de crédito o débito y las acciones de supervisión durante temporadas de alta actividad comercial, como las fiestas patrias, El Buen Fin y el próximo Mundial de Fútbol 2026, que tendrá como una de sus sedes a Monterrey.
La sesión también contó con la participación de representantes clave del sector privado, como la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Nuevo León, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), la Asociación Nacional de Agencias de Viajes y la Organización Neolonesa de Expendedores de Petróleos Mexicanos (ONEXPO).
Profeco reiteró su compromiso de proteger los derechos de los consumidores, promover una cultura de consumo informado y garantizar que los proveedores ofrezcan servicios bajo principios de legalidad, equidad y transparencia.




